El palacio donde se fraguó la monarquía de todas las Españas

Fachada del Palacio de los Vivero en la actualidad, sede del Archivo Provincial. /El Norte
Fachada del Palacio de los Vivero en la actualidad, sede del Archivo Provincial. / EL NORTE

En las antiguas casas de Juan de Vivero se verificó, hace 549 años, el matrimonio de los Reyes Católicos, acelerador del Estado moderno, un edificio que, pese a su importancia histórica, permanece casi ‘olvidado’ por los vallisoletanos

ENRIQUE BERZAL 

«Fueron estas bodas de la princesa doña Isabel y del príncipe don Fernando venturoso suceso que había de mudar el curso de la historia de España, llevándola por cauces de prosperidad». Visiblemente emocionado, el alcalde Alfredo Stampa pronunció estas palabras el 19 de octubre de 1916, cuando se cumplía el 447 aniversario de la boda de los Reyes Católicos, aprovechando la inauguración de la placa conmemorativa que, a instancias del Ateneo, se colocó en el «viejo caserón» de los Vivero.

Ya es significativo que Stampa reconociera como un hecho «lamentable que no hubiese en este edificio signo alguno que indicara el magno, trascendental suceso que había cobijado». Y es que, de no ser por dicha lápida, a la que en 1969 se sumaría otra para conmemorar el 5º centenario del acontecimiento, el dato de la boda en el Palacio habría pasado desapercibido para buena parte de los vallisoletanos. Es más, aún son muchos los que lo desconocen o quienes, aun conociéndolo, son incapaces de ubicar el lugar exacto del evento.

Aun desprovisto de la belleza ornamental y arquitectónica de los museos y monumentos más emblemáticos de Valladolid, el Palacio de los Vivero reivindica su lugar como testigo y depositario de la unión entre quienes habrían de ostentar las dos coronas más importantes de la España de 1469, un hecho histórico trascendental. Por eso, los que tomaron la palabra aquel 19 de octubre de 1916 insistieron en la consabida interpretación de lo que supuso aquel matrimonio como restaurador de la «unidad nacional».

La afirmación es en cierto modo exagerada y no se corresponde del todo con la realidad investigada, pero no es menos cierto que lo que se fraguó en el Palacio de los Vivero supuso el punto de partida de un reinado con novedades trascendentales para la configuración política de España. Edificado hacia 1440 por Alonso Pérez de Vivero, gallego de nacimiento y contador mayor de Juan II a quien su labor al servicio del todopoderoso Álvaro de Luna había proporcionado gran fortuna y ascenso social, el Palacio ha sido sede de la Chancillería y de la Audiencia Territorial, y hoy alberga el Archivo Histórico Provincial. Su origen se remonta a la decisión de Pérez de Vivero de vender sus antiguas casas para adquirir una extensa parcela lindante con la cerca de la villa, junto a la Puerta de San Pedro.

Fue allí, como han escrito Juan José Martín González, Soterraña Martín, Francisco Silva y Miguel Ángel Zalama, donde don Alonso, que también era señor de Fuensaldaña, construyó una gran casa rodeada de amplia huerta, extendiendo sus posesiones a ambos lados de la calle de San Pedro. A su muerte, ocurrida en 1453, heredó la propiedad su primogénito, Juan de Vivero, hombre destacado por su enfrentamiento con el rey Enrique IV, hermano de Isabel, a quien siempre seguiría. Esta animosidad le animó a fortificar el palacio levantando una barrera protectora.

Su fidelidad hacia la futura reina y el hecho de que su esposa, María de Acuña, fuera sobrina del arzobispo de Toledo Alfonso Carrillo, principal valedor del matrimonio de los jóvenes príncipes, inclinaron a Isabel a hospedarse en su Palacio el 30 de agosto de 1469. La ubicación era además perfecta, pues estaba situado en el límite de la ciudad y contaba con fortificaciones suficientes como para repeler el ataque de quienes se oponían a un matrimonio sin consentimiento real.

Y es que, obviando la Concordia de Guisando (1468), que además de declararla princesa heredera establecía que su matrimonio debía realizarse con el consentimiento previo del rey, Isabel rechazó a los dos principales candidatos de éste (Alfonso V de Portugal y Carlos de Valois) para, aconsejada por el arzobispo de Toledo, terminar decantándose por Fernando, hijo y heredero de Juan II de Aragón. Enrique se tomó la decisión como una afrenta y mandó detenerla.

Entretanto, su prometido había recibido en Zaragoza a dos mensajeros, el maestresala Gutierre de Cárdenas y el cortesano Alonso de Palencia, encargados de acompañarle a Castilla. La empresa era arriesgada, pues muchos nobles se habían pasado al bando de Enrique y amenazaban desde sus castillos a lo largo de la frontera. El joven heredero optó por viajar de noche, acompañado de sus más íntimos amigos, con ropa harapienta, disfrazado de mulero para pasar desapercibido. Desde la capital aragonesa se dirigió por Ariza, Monteagudo, Verdejo, Gómara, Osma y Gumiel hasta Dueñas, a donde llegó el 9 de octubre de 1469, escoltado ya por doscientos hombres. Se alojó en la fortaleza, propiedad del conde de Buendía, suegro de Juan de Vivero.

A Valladolid llegó cinco días después, en la medianoche del 14 de octubre, y entró por la puerta de atrás del Palacio en compañía de tres criados. Según Hernando del Pulgar, la sala donde Isabel y Fernando se vieron por primera vez estaba situada en el ángulo de las dos fachadas que abría el edificio sobre la calle, justo donde se encuentra la placa conmemorativa. Ella tenía 18 años y él, uno menos. Hablaron durante dos horas y se repartieron regalos antes de firmar la promesa formal de matrimonio, que el notario puso por escrito. La ceremonia se celebró los días 18 y 19 en la «Sala Rica», hoy Sala de Investigadores.

Los esposos consumaron el matrimonio la noche del 19 al 20, cuidándose de que el acto gozara de la publicidad habitual en esos casos: a la mañana siguiente, los testigos entraron en la alcoba nupcial tocando trompetas, flautas y timbales, y mostraron a la multitud la sábana manchada con sangre. Para poder casarse exhibieron una dispensa papal falsa, firmada supuestamente por Pío II, antecesor de Paulo II, pues este se negaba a conceder legitimidad al enlace por ser parientes en cuarto grado. Hasta diciembre de 1471, ya con Sixto IV, no regularizarían la situación en este sentido. Un año antes, el 8 de marzo de 1470, los recién casados habían abandonado el Palacio de los Vivero para instalarse en Dueñas, lo que aprovechó Enrique IV para ordenar a su propietario que lo entregara al maestre de Santiago, Juan de Pacheco, con objeto de habitarlo durante sus visitas a Valladolid; también derribó el muro defensivo que ocupaba las fachadas principal (actual calle de Ramón y Cajal) y lateral (actual de Chancillería).

El apoyo decidido de Juan de Vivero a los futuros Reyes Católicos motivó, meses después, la incautación del edificio y su cesión, por parte del rey, al conde de Benavente, Rodrigo Alonso de Pimentel, quien lo fortificó con un foso, almenas, garitas y una torre. Todo ello fue derribado cuando en 1475 Isabel, ya muerto su hermano y proclamada reina de Castilla, decidió alojarse con Fernando; ambos devolvieron la propiedad a Juan de Vivero, a quien concedieron el título de vizconde de Altamira. Pero en 1490, su sucesor, Alonso Pérez de Vivero, fue acusado de asesinar a su primera esposa, Elvira de Quiñones, siéndole enajenado el Palacio para instalar en él la Audiencia y Chancillería.

Este uso obligó a realizar modificaciones en su interior, omo la escalera claustral que comunica los dos pisos, aparte de diversas reparaciones hasta el siglo XVIII. En 1960, el final de su uso como Palacio de Justicia hizo que el edificio cayera en el abandono, hasta que en 1980 empezaron las primeras obras de restauración, precisamente en el artesonado de la «Sala Rica». Desde 1993, alberga el Archivo Histórico Provincial.

Una monarquía compuesta y policéntrica

Durante mucho tiempo, especialmente en los cuarenta años de la dictadura franquista, pero también entre determinados líderes políticos actuales, se ha venido insistiendo en que los Reyes Católicos fueron los verdaderos artífices de la restauración de la unidad de España, tanto política como religiosa, aviesamente quebrada en el 711 por la invasión musulmana. Las investigaciones más rigurosas matizan hoy esa gruesa e interesada afirmación, aun reconociendo el avance político que la boda de Isabel y Fernando supuso en orden a intensificar la concentración de poder en la corona y propiciar la unión dinástica de los dos núcleos políticos más importantes de la España cristiana de aquel tiempo, Castilla y Aragón.

Un proceso que culminaría, como ha escrito Julio Valdeón, con la conquista realenga de las islas Canarias y del reino nazarí de Granada y, tras el fallecimiento de Isabel, con la incorporación del reino de Navarra, además de tratar de conseguir, por vía matrimonial, la unión con el vecino reino de Portugal. De ahí que varios cronistas interpretaran el matrimonio y reinado de los Reyes Católicos como la recuperación de esa «España» perdida que ya se ansiaba en la Edad Media.

También hoy se relativiza la interpretación clásica del reinado de Isabel y Fernando como forjador del «Estado moderno», aduciendo que categorías como «Estado» solo son aplicables a partir del siglo XIX, tras la revolución liberal, pues implicaría una concentración y un monopolio del poder político que no existía en el Antiguo Régimen. Por eso historiadores como el catedrático Luis Ribot insisten en que «hasta la llegada de los Borbones, ninguno de los soberanos de la casa de Austria era formalmente rey de España, porque España como entidad política no existía. El rey no lo era del conjunto, sino de cada uno de los territorios que lo formaban». Estaríamos, en efecto, ante una monarquía compuesta y policéntrica, cuya pluralidad constitutiva sería palpable en los diversos territorios esparcidos dentro y fuera de los límites peninsulares.

Eso no obsta, como señala Salustiano de Dios, que con los Reyes Católicos se dieran una serie de factores que «ayudan a entender futuras realidades estatales», como serían el avance de la soberanía regia en una dirección claramente absolutista, la conciencia que se va adquiriendo de la existencia del reino como poder político o comunidad política diferenciada, por encima de los vínculos feudales de vasallaje (eso explicaría fenómenos como la Inquisición o la expulsión de los judíos), o la existencia de un notable aparato institucional en la Corte, especialmente de órganos de justicia y gobierno (Audiencia y Chancillería, Consejo Real, etc.).

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